El impacto económico de los formadores de precios

El impacto económico de los formadores de precios

 

 Más allá del dilema moral, el exceso de rentabilidad de los sectores oligopólicos empeora la distribución. 

La "naturalización" económico-social de los formadores de precios, es decir aquellas empresas de carácter monopólico u oligopólico con capacidad propia para fijar valores de referencia casi indiscutibles en un mercado o una porción importante del mercado, muestra a las claras la existencia de grandes bolsones de ineficiencia en una economía capitalista. 

 

En otras palabras, el abuso de los formadores de precios excede el carácter netamente moralista respecto de si la preponderancia de monopolios u oligopolios termina siendo perjudicial para los consumidores o afecta a otros eslabones de la cadena productiva, y pone en evidencia la fijación de valores "inflados" (término que acuñó Federico Bernal en una nota que publicó hace un tiempo en este diario) con serias consecuencias sobre la economía. 
El ejemplo de la papa puede servir para precisar los dos párrafos anteriores. 
En la Argentina, producir un kilogramo de papas en Balcarce, provincia de Buenos Aires, cuesta alrededor de $ 1 por kilo; sin embargo, el precio del tubérculo en una cadena de supermercados de capitales nacionales oscila entre los $ 7 y $ 9 por kilo. 
Veamos los detalles para entender en qué eslabón de la cadena se quiebra la competencia cuasi perfecta y cómo se distorsiona el valor final del producto. 
De una hectárea de tierra puede obtenerse en promedio una cosecha de 40 mil  kilos de papa Spunta (el 90% de la papa que se consume en la Argentina corresponde a esta variedad) a un costo de producción de $ 40 mil.  Entre los costos, el agricultor incluye el arrendamiento de la tierra, las semillas, los agroquímicos y fertilizantes, el riego, los impuestos y finalmente la mano de obra. 
Según el sitio especializado Argenpapa, colocar una bolsa de papas de 25 kilogramos en el camión tiene un precio de 25 pesos. 
Pero una vez que el camión llega al Mercado Central o a otros mercados de referencia y se suman los costos de flete, carga y descarga y la intermediación del mayorista, el bolsón de papa Spunta se termina vendiendo a un promedio de $ 40 (aclaración: este valor puede oscilar $ 2 hacia abajo y unos $ 3 o $ 4 hacia arriba). 
De estos $ 40 de la bolsa, el productor obtiene un beneficio neto de entre $ 3 y $ 3,5 y el mayorista alrededor de $ 3. 
¿Cómo es posible que si la bolsa de papas de $ 25 kilogramos se comercializa en el mercado mayorista a $40, los supermercados vendan un kilo de papas a $ 7 en las góndolas? 
Vamos a mencionar un dato en favor de los supermercados: se estima que entre la tierra que existe y las papas en mal estado, la bolsa de 25 kilogramos se reduce a 20 kilos. 
Pese a ello, cada kilo de papas le cuesta al supermercado en el mercado mayorista unos $ 2, es decir que si el precio final de góndola es de $ 7, las cadenas le recargan a sus clientes $ 5 por kilogramo. 
O sea que mientras que un trabajador gana monedas por kilo, un productor recibe entre $ 25 y 30 centavos, el intermediario mayorista $ 22 centavos, los supermercados embolsan $ 5. En este caso, lo primero que se plantea es un problema de orden moral. 
¿Cómo puede ser que aquellos que sobrellevan en sus espaldas el mayor riesgo, productores y trabajadores, obtengan una participación insignificante del precio final mientras que aquellos que se dedican a su comercialización se queden con casi toda la torta? ¿Es posible que los consumidores deban soportar un sobreprecio tan alto cuando el costo de producción es de apenas un peso? 
El debate moral que se plantea en torno de los formadores de precios y sus perjuicios sobre los eslabones más atomizados y débiles de la cadena productiva, tiene muchos argumentos que lo convalidan. Por ejemplo, en el caso de la papa, los productores no sólo cobran monedas por el kilo, sino que los mayoristas muchas veces pagan a plazos largos (de entre 30 y 90 días) porque los propios supermercados les abonan a ellos en tiempos similares. Pero también se puede plantear el debate sobre la disyuntiva "moral" cuando se analiza el enorme sobreprecio del 250% (de $ 5 por kilo) que pagan los consumidores en la góndola por los beneficios extraordinarios que a su vez obtienen los hipermercados. Cuando este tipo de "abusos" del mercado, como en el descripto caso de las papas, sale a la luz, suele generar una mezcla de sorpresa e indignación entre aquellos que los desconocían. El abuso del supermercado en torno al precio de la papa despierta malestar porque afecta a los productores y trabajadores, y obliga a los consumidores a pagar por el producto un valor más elevado del que correspondería en una economía de competencia perfecta. Ante esta objeción, la doctrina neoliberal respondería que el consumidor tiene cientos de pequeñas verdulerías para comprar la misma papa. Pero lo cierto es que, en la práctica, los formadores de precios, en este caso los supermercados, no sólo lo son por su enorme capacidad de fuego que les da la gran cantidad de bocas de expendio repartidas en todo el país, sino porque los comercios pequeños toman los valores que fijan las cadenas como referencia a la hora de poner el precio en sus verdulerías. 
Sin embargo, en cualquier caso si el problema se cinscunscribiera a las papas, se trataría, como sostiene la teoría económica tradicional, de una distorsión del mercado. En todo caso, el consumidor podría comprar un producto alternativo como la batata y el perjuicio se remitiría al daño que sufren los productores paperos.    
Sin embargo, cuando la distorsión de precios deja de ser una excepción y se transforma en una regla, deja de ser un problema estrictamente moral y se transforma en un  problema de toda la economía. 
En un país en el que grandes grupos concentrados dominan sectores estratégicos y colocan discrecionalmente precios muy superiores a los que existirían en un mercado ideal con competencia real, el excesivo diferencial de rentabilidad con el resto de los eslabones de la cadena aumenta la concentración económica y genera una mayor desigualdad en desmedro de las pequeñas y medianas empresas y los propios trabajadores. Genera un efecto riqueza en los sectores concentrados con mayor rentabilidad y un efecto pobreza sobre los eslabones más débiles de la economía y los trabajadores que no tienen la posibilidad de fijar sus beneficios de forma arbitraria. 
Debilitados, los productores o industriales (según sea el caso), como ocurre con la papa, pelean por reducir los salarios de los trabajadores o evadir impuestos, como única alternativa viable, para obtener un beneficio más razonable. 
Además, este fenómeno le resta competitividad al propio país porque la rentabilidad excesiva de los grupos concentrados encarece el producto final a tal extremo que las naciones se ven obligadas a establecer un ritmo devaluatorio que termina generando un espiral en el que la única manera de competir es disminuir el costo en dólares, afectando el poder adquisitivo de los salarios y los activos locales, empeorando la distribución del ingreso, acentuando la extranjerización y concentrando aun más la economía. 
La inflación de costos y precios que sufre la Argentina es una prueba patente de la transferencia de ingresos que se verifica en amplios sectores de la economía, que se resisten a ampliar la oferta y, en cambio, prefieren mantener o acrecentar la rentabilidad por unidad. 
Frente a esta situación, el Estado argentino no se puede mantener impávido porque el efecto riqueza de los grupos concentrados, en su mayoría multinacionales, afecta en la práctica la soberanía argentina, achicando el margen de maniobra del poder político frente a los factores de presión económicos.
Crea una página web gratis Webnode